La justicia reconoce más de 1.200 horas extraordinarias acumuladas en apenas unos meses entre 2023 y principios de 2024

Tres vigilantes de seguridad han logrado que la justicia obligue a su empresa a abonar más de 11.300 euros en concepto de horas extraordinarias no remuneradas, tras acreditar que realizaron más de 1.200 horas fuera de su jornada laboral en un periodo especialmente concentrado.

Según la resolución judicial, los excesos de jornada se produjeron en tan solo varios meses, entre 2023 y principios de 2024, lo que evidencia una carga de trabajo sostenida muy por encima de los límites legales establecidos.

Los trabajadores decidieron iniciar acciones legales tras constatar que dichas horas no habían sido compensadas ni económicamente ni mediante descansos equivalentes. Para ello, aportaron registros de jornada y cuadrantes de trabajo que permitieron acreditar el volumen real de horas realizadas.

El juzgado, tras analizar la documentación, reconoció el derecho de los vigilantes a percibir las cantidades adeudadas y condenó a la empresa al abono de más de 11.000 euros, en una resolución que pone cifras concretas a un exceso de jornada prolongado en el tiempo.

Este caso vuelve a situar en el foco las condiciones laborales dentro del sector de la seguridad privada, donde la prestación continuada de servicios y la cobertura de turnos pueden derivar en acumulaciones de horas que exceden lo permitido.

Asimismo, la sentencia subraya la relevancia de los sistemas de control horario y de la trazabilidad de las jornadas laborales como herramientas clave para garantizar el cumplimiento de la normativa.

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Opinión CRONOSFERA

La resolución no solo corrige una situación concreta, sino que refleja una dinámica que, en mayor o menor medida, sigue presente en el sector.

La acumulación de más de 1.200 horas extraordinarias en pocos meses no responde a una circunstancia puntual, sino a una organización del trabajo que ha superado claramente los márgenes legales.

Este tipo de fallos judiciales ponen de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de control y de garantizar que el equilibrio entre servicio y condiciones laborales no se rompa.

Porque detrás de cada servicio hay profesionales, y el respeto a su jornada no es una cuestión secundaria, sino estructural.